Los hombres y mujeres de bien no pueden estar a merced de los delincuentes que convierten la vida común en una aventura riesgosa, sea por el consumo de droga, alcohol o por simple gusto y que requiere de la justicia una respuesta acorde a las circunstancias que acabe de una vez con criminales que se burlan de sus víctimas con el sustento de una legislación que los resguarda, que les deja zona liberada y que se abstiene de apreciar adecuadamente el dolor de las víctimas por el daño irreparable cometido por diversos actos criminales que hoy no son reprochados y castigados por la aplicación de una doctrina penal que se olvidó de su rol, esto es, restablecer rápidamente el equilibrio social roto por el delito.

Para concretar el anhelo de procurar una vida segura, sin sobresaltos a causa de los innumerables delitos que afectan al ciudadano por la acción de criminales reincidentes, menores inimputables, el abuso de la concesión al victimario del beneficio de la libertad condicional y la aplicación de penas que admitan la excarcelación inmediata, los legisladores provinciales y nacionales deben concretar con rapidez la modificación de las penas previstas en el código penal elevando su monto de tal manera que actúe como un disuasivo de la acción criminal cada caso y en los códigos de forma la libertad condicional se constituya en una situación de excepción entre otras medidas que tengan en cuenta los padeceres del hombre común a causa del delito cotidiano.

Así la política criminal dominada por la línea garantista de los derechos del delincuente debe convertirse en un bastión de las derechos y garantías de las víctimas y para lograrlo se requiere que se acabe con la errónea interpretación que el debido proceso rige solamente para el victimario y finalmente, con los pies en la brutal realidad cotidiana, la víctima sea apreciada por los Tribunales de Justicia procurando la seguridad jurídica tan ausente.