El fiel y riguroso respeto por  la independencia de poderes exigido con rigor  por la diputada Dra Elisa Carrio quien expresó casi furiosa ante posiciones tendientes a su remoción por decreto que: “Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación” (Ver Clarín On Line del 11/07/2017).

Así la no intromisión en los actos de los otros poderes, esto es la esencia de la forma de gobierno democrática republicana, es lo que ha determinado que hasta el momento se mantenga incólume en su cargo la Procuradora General de la Nación Gils Carbó, no obstante las múltiples acciones que bien por sí o por intermedio de los fiscales de Justicia  Legítima - ente político kirchnerista que la Fiscal dirige - ha impedido hasta el momento que los jueces resuelvan sin temores ni tapujos ordenando la detención que podría corresponder en cada causa por la gravedad de los delitos por los que han sido denunciados ex funcionarios que van desde la. Dra. Cristina Fernández, el ministro Julio de Vido o Martín Báez por ejemplo.

También un elemento que ayudaría a la destitución es el avance de la causa en la  que tras  meses de investigación, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que a su vez es su jefa. Taiano la acusa de haber cometido fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600. La selección de ese inmueble, tras la anulación de otra operación, las gestiones de hombres muy cercanos a Gils Carbó con la inmobiliaria que vendía la propiedad y el pago de exorbitantes comisiones a gestores e intermediarios supuestamente vinculados con allegados a la procuradora explican el pedido de Taiano.(Ver Clarín on line del 7/ 7/2017)

En cualquier caso, de concretarse conforme a derecho el apartamiento de la Fiscal General sería un elemento que provocaría un relevante impulso a los trámites que hoy están sin avanzar en los distintos juzgados federales cerrando el cerco a la banda comandada por la Dra Cristina Fernández y el ministro Julio de Vido que saqueó el país en la última década y se consiga recuperar lo robado y decretar la responsabilidad de cada uno de los autores.