El artículo Primero de la Constitución Nacional prescribe que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma republicana.
Tal afirmación implica que el gobierno se divide en tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que funcionan de manera independiente uno de otro pero que a la vez se autocontrolan entre sí, que todos los habitantes son iguales ante la ley y que los titulares de cada dependencia responderán integralmente por el desempeño de sus roles.

Así se ha dicho: "La forma de Gobierno es republicana porque la cosa pública, común, de todos, o con mayor tecnicismo jurídico, la causa pública, que es del pueblo, se muestra gobernada por la voluntad de éste -no por leyes de acceso hereditario a los cargos - a través del voto que elige poderes equilibrados, cuales lo son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de actuación y control interdependientes, con mandato de renovación periódica, con respeto absoluto por la igualdad de todos los habitantes ante la ley, con obligación permanente de dar publicidad a los actos de gobierno y con responsabilidad política, civil, penal y administrativa por mal desempeño en las funciones" (Constitución Nacional Comentada, por Agustín Washington Rodríguez y Beatriz Galetta de Rodríguez, págs. 49 y 50).-
Así las cosas la realidad nos muestra una serie de anomalías que se alejan de la forma de gobierno adoptada por la Ley Fundamental en tanto el Poder Ejecutivo aparece confundido con el Legislativo y el Judicial subordinado a los otros dos.
No se dice nada nuevo si se afirma que no todos los habitantes son iguales ante la ley, que los poderes no aparecen independientes unos de otros ni se ejerce el necesario control que ordena imperativamente la Ley Suprema en todos los casos sin excepción alguna y a los fines de impedir cualquier tipo de impunidad.
Para tiempos turbulentos como los que vivimos el maestro Juan Bautista Alberdi aconsejaba:"La Constitución General es la carta de navegación de la Nación Argentina. En todas las borrascas, en todos los malos tiempos, en todos los tramos difíciles, la Nación tendrá siempre un camino seguro para llegar a la salvación, con sólo volver los ojos a la Constitución y seguir el Camino que ella le traza para formar el Gobierno y para reglar su marcha"(Juan Bautista Alberdi, Obras Selectas).-
Así aunque parezca que no hay salida esta existe y la encontramos en el propio ordenamiento jurídico vigente. En efecto, aunque el precio político a pagar sea alto la solución es sencilla: simplemente aplicar la Ley Suprema sin restricciones, excepciones ni prerrogativa alguna.
Que los encargados de juzgar cumplan con el deber esencial que les incumbe, esto es dar a cada uno lo suyo.