No existe lugar a duda que en la Argentina la democracia republicana es un mandato constitucional impuesto por la Ley Fundamental que no se cumple a nivel nacional y provincial. Sólo existe un gobierno civil con dos dependencias administrativas una ejecutiva y otra legislativa que resuelven los asuntos del Estado otorgándole preferencia a los intereses de los partidos políticos que participan del poder y en orden proporcional a la representación  que lograron en el acto eleccionario.

Esta realidad se pone de manifiesto en el diario acontecer, se traduce de diversas maneras y es asumida naturalmente por la sociedad.

Así en el diario Río Negro Online del 18/02/2011, bajo el título "Más poder K para poder nombrar y sacar a los jueces" se pone de manifiesto que: "Pese a las históricas críticas de la oposición por su hegemonía en el Consejo y los amagues de cambios, el kirchnerismo vuelve a lograr predominio en un organismo clave.-...El oficialismo logró ayer alcanzar la presidencia de dos comisiones clave en el Consejo de la Magistratura de la Nación, por lo que comandará los cuerpos de elección de magistrados y de disciplina y acusación. Así surgió a raíz de la votación realizada en la primera sesión del Consejo, presidido por el juez vinculado al kirchnerismo Mario Fera.".-

La expuesto en el párrafo precedente destaca la irreverente violación de la forma de gobierno democrática republicana , concebida como el gobierno del pueblo que se lleva cabo mediante tres poderes independientes, ya que ninguna independencia puede adjudicarse al Poder Judicial si el partido político gobernante que domina los departamentos ejecutivo y legislativo, tiene la absoluta potestad de designar a los jueces que entre otras materias van a decidir sobre los actos políticos o no políticos que ejecuten los miembros del ejecutivo y del legislativo como también de las acciones y omisiones de sus amigos, parientes y afines.

Justamente por este tremendo poder que tienen los distintos Consejos de la Magistratura en la Nación y las provincias, que torna imposible hablar seriamente de un Poder Judicial independiente, es que la democracia republicana no existe en nuestro país es una mera cláusula constitucional sin efectividad  práctica, que ha llevada a la justicia en todos sus niveles al máximo desprestigio y al convencimiento del pueblo que esta no existe y de allí la generalizada incredulidad sobre la imparcialidad del departamento judicial.