La justicia para que logre concretarse debe realizarse prestamente, dentro de los términos fijados en cada caso y en general tratando de evitar que las pruebas del delito desaparezcan ante el retardo o negligencia de jueces y fiscales.

Para que se actué en plenitud, la justicia no sólo debe realizarse en tiempo y forma sino que además corresponde que se concrete en el lapso más breve posible atendiendo que está en juego el derecho de debido proceso y de defensa en juicio normados en el art. 18 de la Constitución Nacional, que fueran consagrados como de aplicación rigurosa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diferentes pronunciamientos.

Así pronunciándose sobre el punto el Alto Tribunal dijo:   “Ocasiona agravio a la garantía constitucional del derecho de defensa, la dilación indefinida del trámite agregando que... las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad no se compadecen con la posibilidad de que se dilate sin término o más allá de lo razonable, la decisión de las cuestiones llevadas a los estrados judiciales” (Fallo 287:248, entre otros).

Como ejemplo de la desidia en la tramitación judicial vale destacar la causa conocida como “la cámara oculta” que al presente lleva once años de idas y vueltas procesales y que probablemente culmine en una decisión que ponga fin a la acción por prescripción o por insubsistencia de la acción penal o aquella decisión que resulte más favorable a los amigos del poder.

En los hechos la dilación de los trámites judiciales sin justificación que lo amerite genera innumerables perjuicio a los justiciables que en muchos supuestos pueden ser irremediables ya sea por la pérdida de prueba esencial, por el olvido natural de cómo sucedieron los hechos por el paso del tiempo, por la violencia moral y material que genera en la víctima que no encuentra respuesta a sus reclamos.

Se destaca especialmente que una mala organización de la justicia contribuye en gran medida a que el retardo de justicia se concrete tal como sucedió en la Provincia del Neuquén en donde la multiplicación de organismos sin un rol válido a la administración de justicia, la incorporación de personal más allá de lo necesario la multiplicación de tribunales en el interior neuquino generó un caos de tal magnitud que anarquizó la administración de justicia en general provocando un descomunal atraso en el trámite de la causa y por otro lado convirtiéndose más que un Departamento de Justicia en una delegación de usureros y organismos del Estado al limitarse a tramitar el cobro de los pagarés firmados por aquellos destruidos por los casinos o perseguidos por percepción de impuestos que se hacen impagables ante una administración cada vez más voraz e intolerante respecto de los contribuyentes cuyos ingresos se ven reducidos minuto a minuto a causa de la galopante inflación que afecta a los ciudadanos trabajadores de este desafortunado país.

Sería de interés que lo expuesto precedentemente se tenga presente por el TSJ para que se adopten las medidas que sean menester a los fines de brindar una organización de justicia razonable, eficiente y austera donde no existan retardos en el servicio que en la actualidad aparecen manifiestamente injustificados en atención a la escasa entidad de los juicios (90% juicios ejecutivos) y el desbordante plantel de magistrados y funcionarios con que cuenta el Poder Judicial en cada rincón de la provincia.