En las últimas semanas se han difundido por todos los medios gravísimas denuncias de corrupción que involucran desde los más altos funcionarios del gobierno hasta relevantes empresarios.

Políticos, gobernadores, consejeros, economistas, hombres y mujeres relacionados con el poder han puesto de manifiesto documentadamente una especie de mafia organizada que se ha dedicado desde el año 2001 a enriquecerse saqueando al país impunemente sin pudor ni límite alguno.

Cámaras ocultas, grabaciones, fotografías, documentos públicos y privados han apabullado al hombre de a pie que no podía creer la magnitud del saqueo a que ha sido sometido el país y que justifica la enorme pobreza en que se debate el ciudadano que no participa de las mieles del poder.

Súbditamente salió a la luz el motivo de la ausencia de educación, seguridad, salud, acceso a una vivienda digna, la instalación de emprendimientos que generaran trabajo genuino, la construcción de hospitales y establecimientos educativos, la realización de obras sustanciales para el desarrollo del país como el ferrocarril uniendo los lejanos puntos de este extenso país, desarrollos de provisión de energía como Chihuidos I y II y tantas otras ejecuciones que exige el crecimiento de la Nación y el bienestar general en un período de tiempo donde Argentina creció como nunca antes en su historia - a tasas chinas según el discurso del gobierno - y que no fue otro que la apropiación por esa corporación pública-privada, esa asociación ilícita, de los beneficios obtenidos en provecho propio convirtiendo en verdad tangible la afirmación de Arturo Jauretche según la cual en el lugar más rico del mundo vive un pueblo pobre como consecuencia del saqueo más atroz que se recuerde.

Así las cosas, la seriedad de las denuncias y la fuerza de los indicios acerca de la materialidad de la corrupción y el robo y los probables autores del crimen, exigían que inmediatamente fiscales y jueces actuaran allanando sin demora los lugares en donde se encontraría la prueba de los graves delitos, demoraran a las presuntas personas involucradas, se tomaran las pertinentes indagatorias, se instruyeran las causas de rigor, pero nada de ello ocurrió.

La acción de la justicia recién se hizo presente y casi por obligación, como para aparentar que se estaba trabajando en el tema, a los 10 o 15 días de las primeras graves denuncias y obviamente no se encontró absolutamente nada, tanta fue la desidia que un empresario involucrado tuvo tiempo más que suficiente para transformar una bóveda que contendría dinero en una prolija vinoteca y que el mismo invitara al periodismo y a los investigadores - sin necesidad de orden de allanamiento alguno - a visitar el lugar y demostrar que lo de la bóveda era un disparate.

Incluso la jueza de los fiscales ordenó no investigar a determinadas personas y por ello fue requerida por incumplimiento de los deberes públicos por uno de sus subordinados que junto con un par de fiscales más constituyen lo poco que vale la pena en una justicia que no necesita ninguna nueva ley para someterse al Poder Ejecutivo como también lo hizo la legislatura.

Obviamente las graves denuncias terminarán en nada, en el país donde jueces y fiscales -salvo la minoría de funcionarios que actúan en medio de amenazas de muerte dirigidas a ellos y su familia - hacen todo lo posible para que no se logre desentrañar la verdad real cada vez que el poder se ve denunciado de algún crimen en cualquier jurisdicción que sea.

En suma somos sin duda ese país del que habla Joan Manuel Serrat, en su canción titulada "A quien corresponda" en el cual "...se llega siempre tarde donde nunca pasa nada".