En la Nación online del 24/02/2014 bajo el título: "El paradigmático Caso del fiscal Campagnoli" leo: "Los gobiernos que abren paso a la corrupción estructural necesitan garantías de impunidad. Saben que una Justicia independiente, fortalecida con recursos humanos idóneos, probos y autónomos, y con recursos financieros, tecnológicos y científicos adecuados, es una barrera que impide avanzar sobre las instituciones republicanas. Esa necesidad de impunidad no refleja sólo una grave desviación del Estado nacional, sino también de los gobiernos provinciales que apuntan contra los respectivos poderes judiciales para minar sus capacidades de investigación y condena."

Con una justicia independiente los gobiernos del Estado Nacional y los Estados Provinciales no pueden dar un paso fuera de los derechos y garantías que establecen la Constitución Nacional o Provincial, la forma de gobierno republicana que asegura a los ciudadanos los beneficios de la libertad, seguridad, educación, igualdad, el bienestar general, en suma, mandado en el preámbulo de la Carta Magna.

Como señala el artículo que se comenta "El fiscal José María Campagnoli mostró suficiente independencia y coraje para investigar la conexión entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner por presunto lavado de dinero del matrimonio presidencial, al que el principal concesionario de la obra pública en Santa Cruz le rendía los beneficios de sus negocios. La suspensión de Campagnoli desnuda la desesperación del kirchnerismo por trabar las investigaciones sobre hechos de corrupción de estos últimos diez años. Por ello, la situación de Campagnoli es preocupante, pues patentiza el estado de indefensión en que se encuentran los jueces y fiscales reacios a garantizarle impunidad al Gobierno."

Eso es lo que requiere cualquier sistema clientelar, esto es un orden donde traicionando a la Patria (art 29 CN) se deleguen todas las funciones del estado en una sola persona que pasa a manejar premios y castigos según los intereses de su gestión y así los que se sometan serán los titulares de todos los privilegios, de los beneficios, riquezas y honores y los que intenten mantener la independencia, ejerzan la verdad y la ley, serán impunemente agraviados, echados, marginados del gobierno del Estado por el delito de desobedecer al amo, por ser honestos, decentes, idóneos, hombres y mujeres de honor.

Por ello como bien se señala en la nota periodística que nos hicimos parte: "La estrategia de cooptación de la Justicia anticipa que la eventual sanción a Campagnoli se convierta en una condena al Poder Judicial y a la división de poderes como valor estratégico de la Constitución Nacional. Lejos de constituir un acto de justicia que restablezca la ley y el orden, sería otro ajusticiamiento destinado a imponer disciplina por vía del miedo. Algo ajeno, pues, a un Estado de Derecho, pero habitual entre las modalidades operativas del terrorismo de Estado."

Someter a jueces y fiscales por vía del miedo es una práctica común en este desafortunado país que sólo volverá a ser una democracia republicana como lo prescribe el artículo 1º de la Constitución Nacional cuando la justicia se llene de hombres valientes y honorables con vocación cierta por el derecho y la justicia y la convicción en cada caso de hallar la verdad conforme la ley.

Una justicia independiente es definitivamente el medio insustituible que, abatiendo tiranos, nos llevara al pleno goce de los derechos y garantía que la Constitución Nacional reconoce generosamente a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.