El pueblo tiene la ansiosa esperanza que los juicios promovidos contra empresarios involucrados ostensiblemente con la ex señora Presidenta Cristina Elisabet Fernández, y funcionarios del modelo kirchnerista para que estos reciban la sanción penal pertinente por delitos que habrían cometido durante el tiempo en que ejercieron sus cargos y la restitución al patrimonio nacional de fondos supuestamente robados para ser invertidos en escuelas, hospitales, construcción de viviendas, etc. culminarán positivamente y en un tiempo breve.

Si bien la inquietud popular aparece justa a los fines de determinar el origen de los cuantiosos bienes y riquezas de los gobernantes su éxito aparece difícil, trabado, engorroso por la magnitud del saqueo y porque jueces y fiscales no aparecen absolutamente confiables al estar cuestionada su imparcialidad y muchos de ellos aún aparecen militando en la organización kirchnerista Justicia Legítima, destacándose en particular nada más y nada menos que la máxima titular de la acción pública esto es la Procuradora General Dra. Gils Carbó

No obstante ello no hay que perder la esperanza. El cambio de gobierno ha dado un aparente impulso a los trámites judiciales e incluso causas a cargo de jueces como Bonadío y Casanello han conseguido avances importantes como por ejemplo el procesamiento y detención de Báez, Jaime, allanamiento e incautación de innumerables bienes inmuebles y muebles valuados en cientos de millones de dólares y eventuales declaraciones de arrepentidos que se sumen a Fariña pueden en algún tiempo concluir con sentencias condenatorias que hagan trizas nuestro pesimismo inicial.

En el presente figuras como Lanata, Carrio, Stolbitzer, Ocaña aparecen como auténticas fiscales de la Republica que con investigaciones serias sustentan fundadas denuncias que paulatinamente van dando resultados concretos y contundentes que nos permiten ilusionarnos, que el clamor de justicia tantas veces voceado en infinitas marchas sin respuesta esta vez se realice en su integridad y la credibilidad del Poder Judicial retorne plena a los estrados de tribunales.