El año pasado con fecha 14/06/17 publiqué en este sitio bajo el título “El piquete no es medio para reclamar ningún derecho” lo que sigue: "El art. 194 del Código Penal prescribe que: ‘El que, sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas será reprimido con prisión de tres meses a dos años’. Que a su vez el artículo 14 de la Constitución Nacional afirma que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos: ‘...; de entrar, permanecer, transitar y salir de territorio argentino’ recordando como dice un autor que los citados son: ‘... aspectos de la libertad corporal que pertenecen a las personas físicas en rango de preciosos derechos individuales’ (doctrina en el caso ‘Olmos 307:1430’). Así las cosas en el día de la fecha 14/06/2017 como sucedió ya en otras oportunidades el gremio docente comandado por el Sr. Roberto Baradel junto la Corriente Clasista y Combativa y otras agrupaciones cobijadas por ATE y CTA luego de cruzar los micros en que llegaron para manifestar en Plaza de Mayo y Congreso y la Casa de Buenos Aires en la CABA impidieron la libre circulación de los vehículos por las calles aledañas con el fin de reclamar intempestivamente por incrementos salariales, aumento dinerario en los planes para comedores y otros menesteres actitudes manifiestamente contrarias al régimen democrático, republicano de gobierno en tanto los reclamos que vociferaban deben hacerse como lo hace cualquier ciudadano ante los organismos pertinentes y de manera civilizada y pacífica y no quebrantando el derecho constitucional a la libre circulación que manda la Carta Magna".

Ninguna autoridad se encargó de aplicar la normas citadas ni atendió a los argumentos dados y así cada día invariablemente es absolutamente imposible circular por las calles de la CABA por la acción ilegal de los mismos actores indicados ut supra y por ello reclamo que de una vez por todas los gobierno de la ciudad y nacional apliquen la Constitución y las leyes que consagran la libre circulación y sancionan penalmente a quien lo impide destacando que incluso destruyen bienes públicos  agrediendo a los transeúntes valientes que se atreven a reclamar de viva voz que cese en esta acción delictiva.

Pareciera que el gobierno no apreciara que estas marchas, como la convocatoria a paro general y saqueos, no sólo perturban la tranquilidad pública sino que aparecen como turbas destituyentes que tienen como único fin acabar con la democracia representativa e imponer el absolutismo despótico tipo Venezuela.

Remarco que el derecho de uno acaba donde comienza el del otro y las autoridades deben aplicar la ley con rigurosidad para que el trabajador, el estudiante, el transeúnte en general no deba enfrentar cada día  este verdadero infierno impuesto agresiva y prepotentemente por grupos destituyentes del orden constituido que tanto ha costado conseguir.