Con fecha 3/6/22 el presidente Alberto Fernández se reunió con gobernadores peronistas para concretar un proyecto por el cual la CSJN pase a tener 25 miembros afirmando que así se concretaría que el Máximo Tribunal del país fuera un ente federal, ágil, eficiente y con paridad de género, agregando que los actuales miembros de la Corte permanecerán en la nueva composición.

Los candidatos serán elegidos por el presidente que luego deberá avalar el Senado.

En 1er lugar corresponde decir que una Corte como la que se prende tiene como única intención establecer un camino político donde se diluyan los graves ilícitos en que está involucrada la Sra. vicepresidente Cristina Kirchner y sus secuaces (secuaz según la RAE: «Persona que normalmente acompaña y sigue a otra persona y muestra una actitud de subordinación y dependencia respecto a ella»).

El proyecto en cuestión es imposible de concretar tanto por razones de funcionamiento, por cuestiones de logística y por ser manifiestamente contrario al sistema republicano que prevé la división de poderes como elemento esencial de la forma de gobierno adoptada en el art. 1 de la CN, tal como lo prescribe el 109 de la CN según el cual «En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas», lo que importa, es el respeto al principio republicano de división de los poderes del Estado, pues el proyecto le otorga al PE la suma del poder público.