El gobierno de Fernández – Fernández fue sin duda el peor de todas las administraciones desde que  retornamos a la democracia.

Tal es así que durante todo su desarrollo no se ocuparon de ejercer ninguna de las altas responsabilidades que deberían haber ejecutado, omitiendo absolutamente la gestión del país dejando hacer a los delincuentes llegando a un índice de inseguridad que determinó que el pueblo viviera a pleno miedo pues los asesinatos y robos fueron y siguen siendo cada día, todos los días, en cualquier lugar de la Nación con predominio en la provincia de Buenos Aires en especial en La Matanza, la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, apreciándose una brutal ausencia de fuerzas de seguridad previniendo el crimen circunstancia que determinó que los cacos actuaran sin ningún reparo con total libertad mientras que los ciudadanos – supliendo la función del Estado de cuidar a los vecinos,- llenaron los barrios de alarmas, rejas, dobles cerraduras, e incluso armarse pues sobran los casos los casos que los delincuentes matan a sus  víctimas sin motivo alguno, sin que se resistan, porque sí, simplemente por el hecho que para los victimarios la vida del otro no vale nada, porque están quemados por el paco, la cocaína, en suma cualquier tipo de estupefaciente o en otros casos porque disfrutan, gozan  al quitar la vida además de tener la seguridad que el crimen  no será castigado, que es absolutamente impune. 

Hoy somos un pueblo que está a la deriva, acéfalo, arriesgando su vida en cualquier momento, mientras el presidente viaja por el mundo en el nuevo avión que el pueblo pagó con impuestos demenciales siendo suficiente para optar por  «romper todo», por acabar con las instituciones democráticas y republicanas  entregando su destino a un individuo que con gritos e insultos les promete dolarizar a un país en quiebra, con una pobreza indescriptible, haciendo valer la ley del más fuerte como sustento de su programa liberal, el denominado «darwinismo social» que recompensa al rico y castiga al pobre por su incapacidad lo que contraría la Constitución Nacional y los tratados internacionales.