Dentro de las distintas formas que los países eligen para gobernarse, la dictadura es el gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad sin limitaciones en un país y cuyo poder se concentra en una sola personaⁱ .

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En nuestro país desde la misma sanción de la Constitución de 1853 se puso de manifiesto que entre las atribuciones del Congreso Argentino, (art. 67 Constitución Nacional) no existe la de conferir facultades extraordinarias para legislar, al Ejecutivo, la facultades de este (art. 86 fracción 2da) con carácter legislativo sólo se incluye la reglamentación condicionada al hecho de “no alterar 'el espíritu' de las leyes con excepciones reglamentarias”.

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Desafortunadamente la Constitución de 1994 sancionada por políticos guiados por otros intereses distintos que el bienestar general que impone la Constitución Nacional, modificó la Carta Magna atribuyéndole potestades legislativas por medio de los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) al Poder Ejecutivo confiriéndole así al Departamento Administrativo la suma del poder público y el ejercicio de facultades dictatoriales obviando la esencia de la Ley Fundamental y de la doctrina que consideraba a la República, esto es a la división de poderes, como un dato que no podía ser contrariado en ninguna circunstancia.

Al respecto se dijo: “Referiéndose al art. 29, que prohíbe la delegación de facultades, Linares opina que la experiencia política argentina explica la existencia de esa disposición, que en cierta medida podría parecer superflua y hasta inadecuada, pero que en el caso de Argentina 'está escrita con la sangre de nuestro hermanos'”ⁱⁱ.

Conforme a lo expuesto podemos afirmar que hoy nuestro país se acerca al concepto general de dictadura constitucional. La dictadura constitucional es la forma de gobierno dictatorial en la que, aunque se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera autoritaria o totalitaria en las manos de un dictador, controlando éste, directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que no se asienta el principio de separación de poderes, requisito indispensable según Montesquieu y la corriente politológica mayoritaria para que la forma de gobierno se configure como Estado de Derechoⁱⁱⁱ.

En efecto en la Nación y las distintas provincias la democracia republicana, contemplada en el art. 1 de la Constitución Nacional, no tiene vigencia real, en tanto el poder es ejercido por representantes del pueblo que han dejado de lado los términos de su mandato con aquellos que los eligieron y en la práctica ejercen un sistema de privilegio y autoritario donde sólo tienen cabida los amigos y los compromisos asumidos con estos; donde el nepotismo se derrama sin pudor y los idóneos carentes de contactos aceptan trabajos menores o se marchan del país.

La educación es privilegio de aquellos que pueden pagar los carísimos colegios privados confortables y sin paros y la salud es negada para los pobres que no pueden acceder a una clínica privada pues el Hospital Público esta desmantelado, sin personal, ni instrumentos ante la inacción de las autoridades que quedaron desautorizadas por la realidad.

Es el país donde las leyes fueron reemplazadas por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo que sin pudor usurpa roles propios de la función del legislador, quien ligeramente claudica de su función propia para entrar en campañas políticas absurdas, degradando el poder que le otorgó el pueblo, mientras el Poder Judicial se ocupa de beneficiar a la buena gente, postergando o contrariando los reclamos del justiciable ausente de recomendación.

Alberdi decía: "La democracia es un resultado fatal de la respectiva situación moral e intelectual de un pueblo... en ella todo debe ostentar un modesto nivel, una cristiana y filosófica armonía".

No hay que entrar en detalles. Los valores, la moral y la ética, son materia prima escasa en estos días y la austeridad, es cacheteada por la ostentación de impúdicas riquezas.