El caso "Ángeles" se ha transformado en el ejemplo de la incredulidad del ciudadano en los dichos y hechos tanto de la policía y la justicia, instituciones que han sido vapuleadas por sus propios miembros cada vez que han dejado de cumplir el rol que la sociedad, la Constitución Nacional y La leyes le han asignado, convirtiéndose en entes que el hombre común evita en la medida que no tenga la mala suerte de verse involucrado en un hecho por esas desventuras del diario pasar.

Aquellos que se han interesado en las alternativas de la investigación del brutal homicidio de la adolescente tienen en claro que cualquiera sea el resultado del proceso, donde como único imputado aparece el portero del edificio, esto es que este último resulte culpable o inocente, aparezca de la nada un nuevo autor a medida, o todo termine en una falta de mérito, se habrá encarcelado a un perejil o ante las múltiples contradicciones se decidió, por jueces y fiscales, otorgarle la impunidad al criminal y que la víctima descanse en paz.

Lo expuesto es fruto - entre otras cosas - de relevantes casos que jamás fueron resueltos, con infinidad de imputados sucesivos, pruebas irrefutables que se diluyeron con el correr del tiempo u omisiones en la instrucción absolutamente inexplicables, fiscales transformados en abogados defensores, actuaciones incomprensibles de la fuerza del orden y siempre el fantasma político con influencia decisiva en el accionar de las fuerzas de seguridad y en las decisiones de la justicia.

Así ello es causa determinante que aquellos que pueden, emigren a países vecinos - en el último tiempo se incrementaron los pedidos de residencia de ciudadanos argentinos en Carmelo y Colonia, República Oriental del Uruguay- ante una realidad social plena de actos de violencia y decisiones totalitarias y absurdas de un gobierno que según las propias palabras de la Sra. Presidente niega la democracia republicana que manda el artículo 1º, 29 y concordantes de la Constitución Nacional y afirma un régimen donde el poder resida en una sola mano y única voluntad que obviamente no es otra que la del Primer Mandatario, con un Congreso y un Poder Judicial sometido a su omnímodo parecer.

Este absolutismo de hecho e institucional que adquirió plena vigencia en este desafortunado país, con la política inmiscuida irrespetuosamente en la seguridad y la justicia, ha llevado a la Nación a este punto fatal donde el hombre de a pie ha dejado de confiar en las instituciones, en la sinceridad de los dichos de los funcionarios, fiscales y jueces, en la independencia de sus acciones y decisiones, viciadas por el sistema de amigos y compromisos que se ha instalado sin pudor en cada Departamento del Estado, justifica la situación de incertidumbre del pueblo en relación a cualquier acción de las autoridades de un país que dejó de ser creíble.