La República que supone una justicia independiente, con jueces probos e idóneos, ajenos al poder político y que en materia penal tengan el objetivo de hallar la verdad real, fin último del proceso penal, ya no es en este desafortunado argentino país.

El sistema clientelar que reemplazó al régimen republicano se sustenta en que todo el poder se reúne en una sola mano delegado alegremente por legisladores y jueces los que al hacerlo se convierten en infames traidores a la patria según lo prescribe el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Así nos topamos con juicios como el caso "Ángeles" donde jueces y fiscales no dudan en agradar al poder de turno y sus representantes y en lugar de ir en busca de la luz de la verdad se han dado por satisfechos eligiendo un culpable, armarle una causa, plantarle un ADN encubriendo a los verdaderos asesinos, que la negligencia de los magistrados y el ministerio público fiscal quizás les haya permitido cruzar las fronteros del país para nunca más volver.

El gobierno ha dejado un país sin posibilidades que la gente común pueda reclamar por sus derechos, diariamente violados por malandras de toda laya, y negado al pueblo que sepa de lo que se trata, que se acabe la inmensa inseguridad que abruma a todos y cada uno de sus habitantes.

Jueces y fiscales se han convertidos en verdugos de un pueblo noble, negándole las garantías del debido proceso y de defensa en juicio convirtiendo el juicio criminal establecido por ley en un simple ajusticiamiento sometido a la voluntad de los amos