En el día de ayer 20/05/2014 ocurrieron dos acontecimientos que demuestran sin lugar a dudas que en este desafortunado país rige un autoritarismo feroz que utiliza el apriete y el abuso de autoridad para lograr que en los procesos judiciales donde están comprometidos relevantes miembros del gobierno la verdad no sea.

Así en una " Carta a la opinión pública" del ex director de Asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevilla ,testigo clave del caso Ciccone el firmante anuncia que fue objeto de amenazas en relación a su próxima declaración como testigo en la causa ya referenciada y puntualmente por haber advertido al señor Amado Boudou cuando este se desempeñaba como Ministro de Economía que no debía intervenir en el expediente Ciccone, consejo no seguido por el actual Vicepresidente y que teme por su vida.

Narra que las amenazas fueron hechas a su personas por dos sujetos desconocidos en la vía pública acompañadas de seguimientos sospechosos y repetidos a familiares por vehículos sin identificar.

En atención a lo expresado el ex funcionario decidió irse de la Argentina manifestando que cuando las condiciones de seguridad estén dadas volverá a prestar la mentada declaración.

A los medios Capdevilla aseguró que es un exiliado en democracia y dijo que prefiere irse del país para no terminar como Jorge Julio López. No sirve un testigo muerto.

Es decir un testigo clave de una causa que compromete al poder es víctima de amenazas lo suficientemente serias y graves como para determinarlo a irse del país con su familia procurando resguardar su vida y la de sus seres queridos.

El otro hecho se refiere a la formalización del trámite de juicio político al fiscal Campagnoli suspendido en el cargo porque sus investigaciones llegaron a Lazaro Baez y a relaciones de este con altos miembros del gobierno que fueron inmediata y arbitrariamente frustradas por la Fiscal General de la Nación Dra. Gils Carbó desarticulando el equipo de investigadores y la decisión de dejar fuera del Poder Judicial al atrevido fiscal, hecho que probablemente sucederá si consideramos que en la audiencia celebrada ayer se conoció que el tribunal que juzga a Campagnoli esta conformado en su integridad por miembros afines al gobierno que no dudarán en cumplir la voluntad del Poder Ejecutivo.

La gravedad institucional del juicio político a un fiscal probo y de máxima idoneidad, llevado a cabo simplemente por cumplir su rol de investigar y con final anunciado es inusitada, por el hecho en si mismo y porque tiene por finalidad amedrentar a los fiscales que se animen a investigar al poder.

Lo expuesto, acompañado del silencio de legisladores, jueces y fuerzas opositoras, es una muestra de una situación gravísima que vive la Nación con instituciones y controles absolutamente ausentes, donde el temor y la arbitrariedad reinantes son datos incompatibles con la democracia republicana que manda el artículo 1º de la Constitución Nacional que a esta altura ha dejado de tener vigencia.