El artículo 1 de la Constitución Nacional prescribe "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución".

A su vez en el art. 22 dispone: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes...."

La norma precitada reitera la adopción de la forma representativa de gobierno que consagra el artículo 1 y ratifica que la soberanía reside en el pueblo.

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia desde 1893 en el caso "Alem" tiene sentado por aplicación de los arts. 1 y 22 de la Constitución , que en nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria.

Esto es que los gobernantes están obligados a cumplir estrictamente el mandato celebrado con el pueblo, del cual son sus apoderados y deben rendir cuentas al fin de su cometido, destacando que el contenido del contrato no es ni más ni menos que la Constitución Nacional que en su preámbulo resume las responsabilidades asumidas por los representantes, esto es "...Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad....-"

En tal sentido Alberdi expresaba que ante cualquier borrasca, en tiempos malos, los gobernantes encontrarían la solución a las dificultades acudiendo a la Constitución Nacional, carta de navegación que nos llevaría siempre a puerto seguro.( Ver Alberdi Juan Bautista, Obras Selectas)

La revisión de nuestra historia nos muestra que en los últimos 200 años, salvo el gobierno de Dr. Arturo Humberto Illía, no se ha respetado con el rigor necesario la manda constitucional y así ha sido frecuente. y de hecho lo es en la actualidad, que los representantes del pueblo hagan según su antojo violando el contrato de mandato que juraron cumplir.

Así hoy como tantas veces vemos que la unión nacional, el afianzamiento de la justicia, la paz, los beneficios de la libertad y sustancialmente el bienestar general no son prioridad en la agenda de los gobernantes que sólo se preocupan por actuar el beneficio personal y el de su amigos y parientes mientras el pueblo se debate en la miseria y la injusticia.

A título de ejemplo mencionaremos que luego de 11 años de gobierno kirchnerista el conurbano boenaerense ostenta la ignominia de contar con más de 3.000.000 de pobres, que su predecesor el menemismo nos dejó sin bienes con un festival de privatizaciones absurdas, que ambos alentaron la instalación indiscriminada del juego con las secuela de la ludopatía o adicción al juego, que el desempleo se instaló como un flagelo irreversible como también lo hicieron el narcotráfico, la trata de personas y la inseguridad.

Por ello aparece oportuno reclamar a los mandatarios la adopción inmediata de medidas tendientes a remediar tantos males que abruman al pueblo soberano, se reconozcan los errores y faltas cometidos, retornando al camino de la Constitución Nacional que jamás debió ser abandonado