La acción intencional del gobierno de prolongar los juicios contra los jubilados apelando las sentencias hasta que el beneficiario muera, sumada al intento de remoción arbitraria de los jueces que tratan de frustrar esa práctica, configuran un delito de lesa humanidad, esto es aquel que comprende «cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil» (Ver Wikipedia).

Sobre el punto el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires puso de manifiesto que la deuda acumulada por la Anses en concepto de reajuste de haberes reviste proporciones extraordinarias. Las causas en trámite que tienen como demandada a la Anses suman casi 340.000 y representarían un stock de deuda del orden de los 6100 millones de dólares agregando "Ante la persistente política de demora de la Anses en pagar los juicios ganados por los jubilados y el notorio desvío de aportes previsionales, resulta ahora -sostiene el comunicado- que el dictado de determinadas sentencias a favor de dichos jubilados, como lo son las medidas cautelares dispuestas por Herrero y Fernández, pretende ser utilizado para intentar justificar su remoción."

Como se señala "La política real del Gobierno con los jubilados y con quienes reconocen sus derechos vulnerados sin cesar exhibe una crueldad sin par que confirma, una vez más, el doble mensaje en la declamada defensa de los derechos humanos." (Editorial, La Nación Online, 12/06/2014)

Digo que la acción del gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner comete con los jubilados un delito de lesa humanidad pues de acuerdo al Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte o Tribunal Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma el 17 de Julio del año 1998, los crímenes de lesa humanidad son aquellas conductas, acciones, tipificadas como cualquier acto carente de humanidad y que causen severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad.

El intencionado e impúdico actuar del gobierno de Cristina Fernández Vda de Kirchner contra los jubilados reúne todos las características de los delitos de lesa humanidad entendiendo que este tipo de crimen puede ser perpetrado por funcionarios públicos o por miembros de una organización política contra una población civil y no únicamente implica ataques militares en tiempos de guerra sino que también pueden darse en tiempos de paz y tranquilidad.

Otra característica saliente de estos crímenes es que el ataque sea generalizado, tal como sucede con la masa de jubilados argentinos que pretenden cobrar lo debido.

Se destaca que la titular del Poder Ejecutivo como el Ministro del área y colaboradores deben ser juzgados por el crimen de lesa humanidad cometido contra nuestros viejos tendiente a su exterminio y/o a frustrar su derecho apostando a la muerte de los mismos violando la declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 5 y c.c.), norma de carácter Constitucional (art. 75 inc. 22) advirtiendo que por su naturaleza estos crímenes son judicialmente imprescriptibles, es decir, pueden ser perseguidos y castigados en cualquier tiempo que se de la oportunidad de hacerlo y como sucede con los cometidos por los integrantes de las Fuerzas Armadas en tiempo de la dictadura militar no podrá invocarse en ningún caso la obediencia debida para justificarlos.