En las democracias republicanas representativas el poder no es ejercido directamente por el pueblo sino que este mediante el sufragio elige a sus mandatarios al tiempo electoral quienes, aunque superen el 50 % del voto positivo, se obligan a respetar el contenido del contrato celebrado con el soberano .- que no es otro que la integridad del texto Constitucional - y procurar el bienestar general de todos los habitantes y no sólo concretar los objetivos de la fracción de votantes que los designó, debiéndose señalar además que la entidad de la cifra obtenida es una apreciación circunstancial del electorado, una presunción que los apoderados se comportarán como autoridades leales a la Carta Magna, a la cual se sujetaran por encima de sus intereses particulares, trabajando generosa, desinteresadamente, por el progreso del país, incrementando su riqueza que se destinará al desarrollo de las distintas actividades y a satisfacer las necesidades del pueblo todo.

Lo expuesto precedentemente implica que la mayoría obtenida al tiempo del voto no da atribuciones especiales al partido triunfante que se extienden sin más durante todo el período gubernamental, sino que la legitimidad que otorga el triunfo en la pugna electoral debe ratificarse día a día, en la gestión honrada y provechosa de todos y cada uno de los integrantes del gobierno, cumpliendo estrictamente y sin dobleces, el rol que le corresponda según el cargo que ocupan, con convicción y sustento, independencia y criterio republicano, sin hacer prevalecer los deseos de un grupo por encima del interés general no pudiendo jamás excluir al distinto sólo por tal condición, como recientemente se quejó - con razón - el señor gobernador de la provincia del Neuquén, Doctor Jorge Augusto Sapag afirmando, al referirse a la decisión del gobierno nacional de no convocarlo a la reunión de reestructuración de deudas de las economías provinciales por su posición respecto de la ley de hidrocarburos, que no correspondía la mentada exclusión u omisión por "pensar diferente."

El castigo al que piensa diferente obviándolo en los empleos públicos, en los planes de viviendas, en la integración de directorios de empresas del Estado, desestimándolo en licitaciones públicas, etc., es un recurso habitual en esta Argentina clientelar tanto a nivel Nacional como Provincial, que debe abandonarse ya, sin peros ni condiciones.

Así y luego de haber mediado en los últimos años un verdadero avasallamiento por parte del poder ejecutivo respecto de los otros Departamentos del Estado, que se sometieron sumisamente a su voluntad, realizando el interés particular del dueño del poder por encima del interés general, permitiendo el uso y abuso de potestades varias, renegando del deber de convalidar en cada jornada la mayoría obtenida al tiempo del voto, corresponde que tal soberbio e ilegal comportamiento cese y el próximo gobierno no olvide ratificar el triunfo electoral en la honrada y patriótica gestión diaria, derrochando esfuerzo en la realización del interés general.