Cualquier abogado/a, exitoso o no, sabe que la resolución de un juez que dispone el cobro de pesos y alcanzó carácter de firmeza por agotarse las vías recursivas, sólo admite su cumplimiento en tiempo y forma y si no es así, si la parte obligada se decide desconocerla, el demandante requerirá y el juez ordenará las medidas necesarias para cubrir la deuda mediante el embargo de bienes muebles o inmuebles del deudor remiso y su venta en remate público hasta cubrir el monto que ordena el fallo.

Así la decisión judicial firme, por lo dicho en el párrafo precedente y por ser una norma individual no puede derogarse por una ley, esto es una prescripción general, si se pretendiera concretar tamaño desatino jamás se concretaría y su exteriorización sería una muestra cabal del más absoluto desconocimiento técnico, de la ignorancia de reglas jurídicas básicas

Lo expuesto en los párrafos precedentes es lo que insólitamente ha hecho el gobierno Argentino al pretender obviar la sentencia del Juez Thomas Griesa, que se encuentra firme por su ratificación por la Cámara de Apelaciones y la decisión de la Corte suprema de Estados Unidos de Norteamérica de no conocer el caso, al remitir al Congreso la Sra Presidenta de la Nación Cristina Fernández, un proyecto de ley nominado "pago de deuda soberana" cuyo objetivo no es otro que, mediante un camino manifiestamente ilegal, incumplir la sentencia precitada que ordena a la Argentina el pago de lo debido.

Apreciando que la Sra. Presidente y el Sr. Ministro de economía no pueden ignorar, por su calidad de tales y sus conocimientos profesionales, la imposibilidad de derogar una sentencia de condena por una ley que dicte la parte deudora, el proyecto de ley remitido a la Legislatura es sólo una medida dilatoria, absolutamente ineficaz para resolver el problema de la deuda impaga que abruma a los argentinos que cada día padecen las secuelas de la ausencia de una solución atinada del asunto y que se traduce en una inflación que se ha salido de cauce, el desempleo masivo, la recesión, el cierre de fábricas y comercios restricciones a la importación y exportación de bienes, etc.

Esta decisión insólita, que motivó que el juez Thomas Griesa declarara a Argentina fuera de la ley y al borde del desacato, genera para el pueblo las secuelas descriptas en el párrafo anterior que se ven agravadas por la decisión del oficialismo de imponer una nueva ley de abastecimiento que arrasa con la propiedad privada, introduciéndose el Estado indebidamente en las empresas de producción y comercialización de bienes, con la intención de resolver sobre lo que se vende o no, fijar precios e incluso expropiar sin juicio previo.

Lo dicho, más el caos que reina en las distintas áreas de la administración, está llevando al país a una situación, que de no adoptarse medidas que la reviertan, lo colocará en el concierto de la naciones en una situación idéntica a la de Venezuela y el pueblo pagará con la multiplicación de carencias, la racionalización de los bienes de consumo masivo y el desenfrenado incremento del crimen en todas sus variantes, el capricho político de convertir a la democracia republicana en un régimen autoritario y extremo de pobreza y exclusión