La marcha del 18 del corriente no sólo implicó un relevante homenaje a un fiscal valiente e independiente que murió  con motivo y en ejercicio de su función sino que tradujo el reclamo de cientos de miles de ciudadanos en el sentido que el artículo 1º de la Constitución Nacional, esto es la democracia republicana, deje de ser para los gobernantes nacionales, provinciales y locales una cuestión meramente formal, declamada en los discursos electorales y obviada en el ejercicio del poder, cuando el interés general queda desplazado por el interés particular  de los representantes del pueblo elegidos en cada oportunidad.

Aquí corresponde señalar que la obsecuencia, el parentesco, el sometimiento, no son herramientas aptas para construir una democracia con plena vigencia de los derechos y garantías republicanos, la división de poderes, una justicia  donde no se inmiscuya el Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo donde puedan debatirse con amplitud los temas de interés para el progreso del país y no sea un ámbito que se limite a apoyar ansiosamente las propuesta del titular del poder administrador o del caudillo de turno.

En estos momentos el anhelo popular referenciado es de difícil concreción por años de vigencia de un sistema autoritario, de amigos y compromisos, más los dirigentes políticos deben sepultar viejos métodos reñidos con el espíritu de la Constitución y escuchar el estruendoso silencio de esa multitud harta de engaños, aprietes, muertes, inseguridad y abandonando la catarata de palabras que traducen promesas que jamás se cumplen pongan mano a las cosas.

Esto es, nunca saldremos de este fangal sin un esfuerzo genuino por hacer realidad una educación de excelencia, se instrumente un régimen de salud que nos alcance a todos, que la inseguridad, los narcos y la trata desaparezcan de la realidad de cada día, que el poder ejecutivo se limite a administrar el Estado en cada jurisdicción, que los legisladores dicten normas que hagan al desarrollo del país, que la justicia haga gala de su independencia.

En fin, la clase política en todos los niveles debe entender que el pueblo en la calle ha puesto de manifiesto, obstinadamente, que sólo admite un modelo democrático y republicano y gobernantes que con idoneidad y convicción lo realicen.