En la editorial del diario Río Negro On Line del 15/03/2016 se manifiesta "...no cabe duda de que la voluntad generalizada de tolerar la corrupción cuando parece que la economía está funcionando bien ha contribuido mucho a frenar el desarrollo de los países de la región. Al instalarse la idea de que la ciudadanía haya optado por permitirles violar la ley, muchos integrantes de un nuevo gobierno privilegiarán sus propios intereses en desmedro de los del conjunto, lo que, además de incidir de manera sumamente negativa en su gestión, suministra a sus adversarios municiones que tarde o temprano utilizarán para perjudicarlos. El resultado inevitable de la costumbre difundida de gobernar por uno mismo, sin preocuparse por los demás, es la temida 'judicialización de la política' que a menudo se ve acompañada por aberraciones como la campaña que han emprendido los partidarios de Dilma y Lula para convencer al mundo de que todos sus problemas se deben a una conspiración urdida por sus enemigos ideológicos".

El tema es de particular y actual interés en Argentina, ya que durante muchos años el pueblo toleró sin mayores objeciones la corrupción en nuestro país en todo tipo de actividades, de características públicas y privadas en tanto la economía y particularmente el consumo marchaba viento en popa sin advertir, o advirtiendo y mirando para otro lado, que la mentirosa bonanza era fruto de una emisión de pesos indiscriminada, sin fundamento en reservas - cada vez más escasas -que lo respaldaran, todo lo cual nos llevaba irremediablemente a la ominosa crisis de Venezuela que fue dejada de lado por su primer aliado - Cuba- y hoy su pueblo sufre todo tipo de penurias.

La corrupción es quizás el primer flagelo que debe ser abatido y por ello es prioridad la creación de Juzgados Federales con competencia exclusivamente en corrupción y las Cámaras de Apelación pertinentes para que definitivamente y conforme a la división de poderes del régimen republicano se platee una lucha decidida contra ese delito como así también el narcotráfico y la trata de personas todo ello con un procedimiento rápido y eficaz que reemplace las inconcebibles omisiones y demoras que en temas de tanta relevancia frustran la acción jurisdiccional y muchas veces terminan con la prescripción o el sobreseimiento tardío.

Nada es posible de las buenas intenciones que parece tener el Poder Ejecutivo y Legislativo en aquello que es corrupción en sentido amplio si no se integra con una justicia de calidad, que cuente con elemento humano apto e independiente y con firme vocación de hacer trizas el mal de todos los males en su máxima expresión.