En diario Clarin online de fecha 17/06/2017 leo asombrado la columna de Sergio Rubí titulada “La Iglesia se sumó al reclamo por las pensiones para los discapacitados”  que indica: “El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, afirmó que ‘es necesario restituir inmediatamente’ las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas por el Ministerio de Desarrollo Social”.

El sacerdote Pablo Molero carece de atribuciones para requerir al Gobierno Argentino absolutamente nada, su desempeño y eventual autoridad se restringe a los límites de la religión que profesa y no para inmiscuirse en la soberanía política de un Estado que debe soportar silenciosamente a múltiples sacerdotes pedófilos, encubridores del saqueo de los bienes del Tesoro Público, etc.

El artículo 3 de la Constitución Nacional dice solamente que “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano” , ello conforme la RAE no significa más que “Prestar apoyo, dar aliento o auxilio “, mas ello no implica que se entrometan en la política gubernamental en cualquier ramo ni determinar qué beneficios gratuitos el Estado concede o deja de conceder ya que jamás puede avalar el abuso que para conseguir votos llevó a cabo el gobierno kirchnerista aliado amistoso del Vaticano.

A diferencia del opulento Estado Vaticano donde abundan las riquezas y el oro para el beneficio de unos pocos, la Argentina es un Estado pobre que a duras penas está saliendo de la desgracia económica y social del gobierno kirchnerista, tan apoyado por el Papa y sus seguidores.

Es absolutamente una insolencia del sacerdote Pablo Molero y un injusto privilegio el dinero que el Vaticano exige a nuestro país cada año ($140.000.000 en el 2016), más aun cuando sus curas han violado y abusado de todas maneras de nuestros niños sin recibir castigo penal adecuado.