La inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en una dura realidad que afecta cada rincón del país.

A título de ejemplo mencionaré los robos a mano armada en viviendas de San Martín de Los Andes, la violación de una niña de 15 años en General Roca, el robo de 440.000 pesos en una casa de Neuquén, el secuestro y muerte de la niña Candela Rodríguez en Buenos Aires, etc.

Los hechos enunciados son una pequeña muestra de lo que sucede en una sociedad sometida por la violencia criminal que actúa con una increíble impunidad en tanto no se encuentra la manera de refrenarla.

Obviamente los gobiernos nacionales y provinciales tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para encontrar un remedio a esta situación que por desidia o mala inversión de los fondos destinados a este fin - no olvidemos que en la provincia del Neuquén se invirtieron 50.000.000 de dólares en el Plan Integral de Seguridad (PIS) con resultado altamente negativos - se está convirtiendo en una pandemia social incontrolable.

Es manifiesto que la policía -tanto federal como provincial - carece de los medios mínimos necesarios para enfrentar a una delincuencia cada vez mejor equipada y que se ha incrementado como secuela natural de la pobreza extrema.

De adoptarse un plan sobre el particular debe comenzarse por la prevención, creando la policía judicial y gabinetes de investigación equipados suficientemente, además de incrementar y capacitar al personal en las distintas áreas.

Los delincuentes deben sentir la presencia del Estado de manera efectiva. Con móviles circulando por las calles y multiplicándose los efectivos que, debidamente instruidos, sean presencia habitual y permanente en cada ciudad, en cada barrio, en los alrededores de las escuelas, centros deportivos, etc.

Sin duda que la adecuación de la legislación a esta situación de riesgo que nos desborda se impone, adecuando las penas a la gravedad de la transgresión social. No es admisible que el robo de ganado tenga una pena superior a la violación.

También es de máxima importancia dotar a la justicia de magistrados con experiencia, que tengan apego al trabajo, con vocación por la apreciación lógica y con sentido común de cada caso, de manera tal que la sentencia traduzca la justa sanción respecto del delito cometido.

Que los Códigos de Procedimientos penales le otorguen una posición relevante a la víctima y sus derechos. Que de una vez por todas el sujeto pasivo del delito se encuentre en igualdad de condiciones formales con el delincuente, que el garantismo juegue para víctima y victimario.

Una tarea ardua pero imprescindible, si no queremos que en un abrir y cerrar de ojos el caos y la anarquía se hagan dueños de la vida social, de la paz y tranquilidad de los argentinos