Por esa costumbre de leer revistas viejas me encuentro en un ejemplar de "Debate", del 25 de marzo del 2005, un excelente artículo escrito por el médico psicoterapeuta Carlos Alhadeff que lleva por título "Violencia Sí, denuncia no", donde se realiza una seria reflexión sobre el hábito social de los argentinos de no denunciar los actos de violencia, tanto los que ocurren en el ámbito doméstico como en la vía publica, el trabajo o donde sea, siguiendo reglas inculcadas desde niño - al menos los varones - que no hay nada peor que denunciar a un compañero que ha cometido un atropello en el colegio pues en caso de hacerlo es estigmatizado por sus compañero y el pequeño círculo social en que el niño se desenvuelve. Se transforma en el "buchón", el "alcahuete", en poco confiable y la condena normalmente es el aislamiento.

Esta afirmación es absolutamente cierta y el autor de la nota a la que me refiero luego de describir el caso que sustenta la misma, un individuo que mató a su esposa en su casa, enterró el cadáver debajo de la cama en que dormía y que ocho años después es denunciado por su hijo, que al tiempo de acudir a las autoridades a poner de manifiesto el hecho contaba con 16 años de edad, no demuestra como la valiente conducta del joven en lugar de ser destacada por los medios orales y gráficos es degradada, transformando a la víctima en victimario.

Así los diarios de mayor circulación en el país en ese momento titularon el hecho "Acusó a su padre de matar a su madre y enterrarla bajo la cama".

Así el joven valiente es convertido en "alcahuete calificado - en tanto se lo presenta como delatando al padre, se lo estigmatiza, sale en los medios como el "buchón" que denunció a su progenitor, a su sangre. Es decir se le otorga un sentido negativo a la denuncia y se atenúa la atrocidad del crimen.

Ese asesinato brutal y el trato que se le otorgó al denunciante se mantienen vigentes. En la práctica es extremadamente difícil o imposible, conseguir que personas que hayan presenciado hechos de violencia pública se presenten ante las autoridades a declarar sobre las lesiones, homicidios, violaciones, etc. que han conocido por si mismas o por referencia cierta de terceros lo cual determina que la investigación de los hechos violentos no prospere, en la mayoría e los casos por ese silencio guardado celosamente.

Que decir de la violencia doméstica, aquella que ocurre entre las paredes del hogar. En ese ámbito la nefasta regla de convivencia social según la cual el que denuncia es un "alcahuete" adquiere la máxima vigencia y cualquier brutalidad queda impune por la circunstancia apuntada, y por amenazas de todo tipo.

Ya es tiempo de quebrar este impedimento estigmatizante. Las escuelas son el primer lugar donde el niño debe aprender que denunciar es un acto de dignidad, de respeto con uno mismo, que es un deber poner de manifiesto los actos violentos que conozca pues al hacerlo lejos de ser un alcahuete está cumpliendo con un deber primordial para una convivencia civilizada, en paz.

Lo mismo sucede con la violencia doméstica, la más común, la que lamentablemente se aprecia a diario y que muchas veces culmina en alevosos asesinatos.

Denunciar a tiempo debe ser inculcado en las escuelas, por especialistas y con el fin que termine el tormento de la víctima, que el victimario pueda ser tratado si es posible, destacando los maestros y profesores la valentía que implica hacer saber a la justicia o a la policía el accionar violento.

Deben ser agentes de esta campaña no sólo los educadores sino también los miembros de la justicia relacionados con la violencia que deben acudir obligatoriamente a las aulas a poner de manifiesto su experiencia y la necesidad de denunciar. El Estado, a través de los organismos adecuados utilizando por ejemplo los medios masivos de comunicación para exhibir el drama e instar a que este salga a la luz por las exposiciones de aquellos que los conozcan, etc.

Todo un desafío que debe enfrentarse rápidamente, con la participación de todos, la colaboración activa de la familia pero por sobre todas las cosas por la intervención del Estado en el sentido que se ha indicado