En carta publicada el 18/11/2007 afirmaba que la autoridad no la da la elección sino que se gana en el responsable ejercicio del cargo.

Es errado el concepto según el cual la autoridad y el poder emergen y se conservan por el voto mayoritario al tiempo del sufragio. Es absolutamente falso. El voto sólo es el medio para acceder el cargo que en principio es un ente vacío, un recipiente sin contenido que puede llenarse o no con las atribuciones, dones, capacidad, ética y moral de aquel que lo ocupa.

Lo dicho es particularmente trascendente si hablamos de la actividad pública y, en especial, del ejercicio de cualquiera de los tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En tal sentido, es común que se aprecie por el funcionario que la mera designación le otorga la tan ansiada autoridad, y no es así.

Particular relevancia adquiere el desempeño honorable y honesto, no cediendo jamás a ningún tipo de presión o sometimiento.

Sólo el propio criterio y la justa solución, la contribución a hacer realidad el bienestar general del pueblo, tal como lo manda la Constitución Nacional son los puntos de referencia que deben orientar la acción de los hombres públicos.

No es una ingenuidad ni soy un principiante, sino un convencido de que sin la efectiva actuación de los valores esenciales para la convivencia, como el honor, la honestidad, la decencia y el rechazo de cualquier tipo de presión a toda costa, la democracia republicana fenece, muere, es sólo una escenografía, esto es, cartón pintado ya que las instituciones son en última instancia reflejo del ejercicio del rol pertinente de los hombre que la integran actuando con riguroso respeto a principios éticos y morales que la soslayan.

La autoridad no se da por una elección, se gana en el responsable ejercicio del cargo, en la convicción de que lo único que justifica el rol que le han asignado al gobernante es el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional que constituye en los hechos el límite infranqueable al tiempo de ejercer la autoridad que le delegó el pueblo soberano.

Lo dicho es válido para cualquiera de los poderes porque, en última instancia, aquellos que ejercen el gobierno no son más que mandatarios de los ciudadanos, únicos titulares del auténtico poder y con legitimidad de exigir que la Carta Magna sea respetada.

Hoy millones de personas en las calles del país reclaman a las autoridades que la Constitución Nacional no sea violada, que la democracia republicana no puede ser reemplazada por ningún tipo de totalitarismo, que las instituciones deben ser respetadas, que la voz del pueblo soberano no puede ser silenciada, que su voluntad no puede ser burlada.

Sólo legisladores valientes, honestos y comprometidos con la grandeza de la Nación podrán realizar el reclamo popular, rechazando con firmeza cualquier presión que intente desviarlos del camino correcto, del deber de cumplir con lealtad y patriotismo el exacto rol que la Ley de Leyes les ha asignado.