Aparece oportuno en este momento de crisis y confusión que estamos sobrellevando los argentinos reflexionar acerca de si la forma republicana de gobierno, que el artículo primero de la Constitución Nacional manda, sigue vigente o en realidad ha mutado en los hechos hacia otra modalidad y en tal caso si ese cambio es comprobable por el comportamiento de los integrantes de los poderes del Estado.

Al respecto sostengo que la forma de gobierno plasmada en la Carta Magna se ha transformado en un sistema clientelista, donde el poder reside en una sola persona sin ningún límite, que otorga protección y amparo a quienes se acogen a su voluntad a cambio de su sumisión y de sus servicios (Ver diccionario RAE).

El desapego a los recaudos que caracteriza a la república ha sido manifiesto en los últimos veinte años, apareciendo como puramente formal la división de poderes, en tanto los legisladores del partido de gobierno no obstante ser, por encima de cualquier consideración, representantes del pueblo soberano que los ha elegido para el cumplimiento riguroso del bienestar general y respetar con estrictez los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, se han convertido en obedientes delegados del titular del poder ejecutivo, sucediendo lo mismo con jueces y fiscales que han resignado la independencia, que es esencia de sus funciones, para dictaminar y decidir acorde la voluntad del presidente o caudillo provincial según la jurisdicción.

Ya en la última reforma de la Constitución Nacional se dejaron sentadas las bases para que se desarrollara y progresara un sistema clientelista otorgando al titular del Poder Ejecutivo facultades legislativas que se concretan con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que fueron utilizados fluidamente por el presidente de turno, dejando al Congreso tareas menores o avalar las decisiones más cuestionables resueltas por el jefe del Estado..

También la creación del Consejo de la Magistratura fue funcional a la consolidación del régimen de sumisión en tanto por su forma de integración, ya sea a nivel nacional como en las distintas provincias, los jueces y funcionarios de la justicia son designados apreciando su afinidad con el partido de gobierno.

Así cuando algún interés del Estado está en juego en un trámite judicial o se vean involucrados en la causa amigos, parientes, afines o allegados, la justicia no dudará de favorecer abiertamente, sin ningún pudor, al adicto al régimen involucrado en la controversia, llegando a encubrirlo hasta el punto que inocentes paguen por los referentes culpables.

En cuanto a la legislatura, la ausencia absoluta de debate ha convertido a diputados y senadores en obedientes levantamanos, aprobando cada una de las propuestas del titular del Poder Ejecutivo y así se sancionó el ominoso Protocolo con Irán, ley que nos avergüenza ante el mundo civilizado y dejó impunes a los criminales que tuvieron a cargo entre otros el atentado a la AMIA, mientras ya tienen media sanción dos normas que perjudicarán al pueblo todo como la ley de pago soberano de la deuda externa y la de abastecimiento

Así los mandatarios elegidos por el pueblo soberano no lo representan, sino que hacen ley la voluntad de quien ejerce la primera magistratura del país, con desprecio absoluto del bienestar general que manda el Preámbulo de la Constitución Nacional

Esa es la realidad que vivimos los argentinos, un sistema clientelista, donde la autoridad la ejerce en forma absoluta una sola persona, sin límites, imponiendo su voluntad en todas las áreas del Estado.

No obstante lo expuesto confío que un día la República, que quisieron los padres de la Constitución de 1853, regirá plena y para siempre, por voluntad e intención del pueblo soberano.