En el diario Río Negro On Line bajo el título "Comelli criticó el protocolo 'antipiquetes' y a Quiroga" se informa que la Subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli, manifestó que el protocolo de actuación en protestas sociales no había sido presentado a la provincia para su evaluación, que presenta una postura incorrecta ya que considera que "toda protesta es un delito..."

Lo expuesto no se ajusta al texto del citado protocolo en tanto el mismo está destinado a regular un procedimiento uniforme en todo el país cuando en lugar de peticionar a las autoridades un derecho presuntamente violado acudiendo a la justicia, tal como lo ha decretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el caso "Olmos" resuelto en el año 1985 hasta la fecha, se toma el atajo del piquete que corta calles y rutas afectando el derecho de terceros a circular libremente como se lo garantiza la Constitución Nacional con el pretexto que el remedio ilegal no puede ser desactivado pues ello implicaría "criminalizar la protesta".

La situación descripta no sólo está garantizada en la Constitución Nacional sino que además el art. 194 del Código Penal prescribe "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años."

Así el protocolo en cuestión no tiene nada de reaccionario y en su texto se establece un procedimiento prudente con permanente control judicial y que tiene por objetivo asegurar a los ciudadanos en todos los casos la manda constitucional que garantiza la libre circulación en todo el país de personas y bienes y que el reclamo de cualquier derecho debe hacerse acudiendo a los jueces competentes y no a la realización de manifestaciones o tumultos que afecten a terceros ajenos al reclamo.

Es un trámite que invita al diálogo civilizado en tanto se prevee un espacio de negociación para que cese el corte dando aviso a la justicia y que tiende a minimizar los riesgos de violencia y daños en personas y bienes, circunstancias que quitan fundamento a la negativa de adherir a esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional que otorga un marco de cordura en un supuesto en que el piquete, las vías de hecho reemplazan a la ley.