La credibilidad del accionar de la justicia neuquina es prácticamente inexistente. Este concepto se acentúa manifiestamente cuando el presunto victimario es un funcionario público, pariente o persona de su amistad todo ello en virtud de la fuerte dependencia que ejerce el Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial.

En el suceso reciente en que en desempeño de su labor, en un control de rutina, el sargento ayudante José Aigo pierde la vida como consecuencia de un homicidio alevoso aparece involucrado Juan Marcos Fernández, hijo del Intendente de San Martín de Los Andes.

Si bien se ignora cual fue en realidad su participación en el hecho, lo cierto es que conducía la camioneta de su propiedad desde la cual partieron los disparos que dieron muerte al agente del orden.

Así las cosas aparece apresurada la decisión del Sr. Juez de Instrucción de tener al Sr. Fernández y desde su primera diligencia como un tercero ajeno al hecho criminal, como testigo, desligándolo rápidamente de cualquier imputación en relación al crimen.

Más aún es inapropiada la resolución del magistrado cuando los fiscales que asistieron al acto no creyeron en los dichos del declarante e incluso expresaron que impulsarían causa penal a su respecto por encubrimiento y falso testimonio.

En la opinión general se afianza la convicción que si hubiera sido un hombre común el que manejaba la camioneta seguramente estaría rigurosamente encarcelado, pues obviamente las posibilidades de obstruir la acción de la justicia, incluso fugándose para siempre son muchas.

En otras palabras según mi modesta opinión hasta no avanzar en las investigaciones, no correspondía que la única persona capturada de las tres que viajaban en la camioneta fuera dejada en libertad como si nada hubiera ocurrido.

Hay indicios que justamente no favorecen la situación de Fernández. La hora en que es interceptado, el lugar, el hallazgo de documentación referida a entradas al país por Venezuela y salida a Colombia de sus acompañantes, la falta de datos de la carga que constituía el objeto del flete, la presencia - según videos -pocas horas antes de los que fugaron en San Martín de Los Andes, etc.

Esto es si aplicamos, como deben hacerlo los jueces según la ley, las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común, las circunstancias de modo tiempo y lugar no autorizaban la liberación de Fernández hasta lograr certezas que lo desincriminaran y que necesariamente surgirían del resultado de la investigación.

En casi 45 años de ejercicio de la abogacía y la función judicial confieso que jamás supe que en un hecho de tanta gravedad, se libere en tiempo record a una persona que obviamente por haber estado en el momento y lugar del crimen conoce los antecedentes y datos esenciales para el buen resultado de la pesquisa, sin darle oportunidad de que eventualmente, si era cómplice, pueda acudir a facilitar la fuga de los prófugos, borrar evidencias, hacerlas desaparecer, etc.

La decisión hace flaquear cualquier pizca de fe en la justicia y de la existencia de igual trato en todos los casos.

Reitero el Sr. Fernández no es una persona cualquiera, es el hijo del intendente de San Martín de Los Andes y por ello la prudencia y diligencia de jueces y fiscales es reclamada intensamente por el pueblo, por el hombre común y por ello la tarea investigativa de este hecho debe concluir sí o sí en el esclarecimiento de tan aberrante crimen para que quede demostrado sin duda la ausencia de impunidad y que la seguridad jurídica no es una mera utopía formal que sólo beneficia al dueño del poder a sus amigos y parientes.

Esto no se logrará acudiendo al olvido como suele suceder sino desentrañando a gritos la verdad de lo ocurrido.