El miedo es sensación que paraliza, que altera el ánimo, que turba los pensamientos, que inquieta, y que conduce al individuo a adoptar consciente o inconscientemente aquellas respuestas tendientes a resguardar su integridad personal, su familia y todos y cada uno de aquellos bienes que sienta seriamente amenazados, siendo la primer y natural reacción la huida del lugar, del medio o de las circunstancias que generan la fobia que lesiona su libertad para actuar, para pensar, para decidir.

Cuando la acción que genera temor es llevada a cabo respecto de un juez por alguno de los poderes políticos del Estado o por maniobras pergeñadas dentro del propio Poder Judicial por otros jueces se provoca una situación de inseguridad que Alberdi identificaba como «...la ausencia de libertad de ser desagradable al que gobierna sin riesgo de perder la vida, el honor, los bienes».

La actividad de amedrentar puede llevarse a cabo de manera expresa o mediante maniobras sutiles como por ejemplo poniendo en tela de juicio la salud mental del magistrado, sometiendo su labor a auditorías, sugiriendo la posibilidad de someterlo a juicio político, etc.

Como lo ha señalado el Dr. Perfecto Andrés Ibáñez, juez del Tribunal Supremo de  España en un reportaje que le fuera realizado en el diario La Nación con fecha 30 de mayo de 2009 y que se difundiera bajo el título «Los jueces independientes incomodan», los jueces que de verdad son independientes siempre son incómodos y aún en el mejor de los supuestos, la alegada independencia no existe por las buenas ya que siempre hay que luchar por ella, sosteniendo «Haga lo que haga el juez, es un sujeto incómodo. Desde la política, es habitual que se intente controlarlo, limitar su actuación o condicionarla de alguna forma. Entonces, aunque hay un discurso oficial que alaba la independencia como algo definitivamente consolidado en las democracias, la verdad que es un serio problema pero no sólo por agresiones externas, sino incluso por la actitud de los propios jueces. Porque hay jueces que aceptan no ser independientes y tratan de ser gratos a una opción política o a un gobierno» (Obra citada, LANACION.com)

Así nos encontramos en la práctica con una situación de independencia judicial que sólo existe en las palabras y aquel magistrado que no acepta la subordinación o sometimiento es amedrentado ya sea por sus propios colegas o por alguno de los otros poderes que procuran a toda costa su alejamiento de la función mediante algunos de los medios descriptos más arriba y que en la práctica pueden acabar literalmente con el rebelde.

Para evitar que ello suceda es imprescindible que se adopten medidas tendientes a asegurar efectivamente la independencia, la libertad de acción del magistrado y particularmente la instrumentación de una carrera judicial donde se aprecie la capacidad, la idoneidad de aquellas personas encargadas de administrar justicia, evitando a toda costa que las influencias políticas tengan protagonismo en este punto, pues sabido es que cuando en esta materia la política entra por la puerta, la justicia salta por la ventana.

En relación con lo expresado se ha requerido entre otros recaudos «La previsión de instrumentos destinados a fortalecer la autonomía del sistema judicial, tales como los Consejos de la Judicatura o el establecimiento de mecanismos transparentes en las Cortes Supremas, fuera del circuito parlamentario en la defensa de la independencia de los jueces designados».

También se auspicia el «Impulso decidido de un sistema de carrera judicial, que ponga  el acento en el mérito y la capacidad, mediante el establecimiento de nuevos sistemas de selección, nombramiento y promoción de jueces y magistrados, con la finalidad de superar la politización, el clientelismo y los fenómenos de corrupción que acucian a muchos países» (las reformas Judiciales en Iberoamérica ¿Necesidad o moda? por Javier Hernández García, Magistrado, Asociación Costarricence de la Judicatura)

Todo lo expresado tiene enorme importancia ya que si no se libera a los jueces de cualquier presión extraña que pueda afectar sus decisiones la independencia que deben actuar en el ejercicio de su función será una utopía admitiéndose que se vulnere el inalienable derecho que tiene todo ciudadano a acudir y ser juzgado en su caso por un tribunal imparcial.

Al respecto se ha expresado: «Aunque parezca obviedad la justicia es un derecho humano. El derecho a un juicio justo ante una corte imparcial se reconoce como un derecho humano fundamental. Un Poder Judicial independiente, imparcial y bien informado ocupa un lugar central en la formación de un gobierno justo, honesto, transparente y responsable. Si alguien tiene un compromiso permanente con los derechos humanos es el Poder judicial.  Un Poder Judicial independiente, jueces dignos y un pueblo educado jurídicamente, es la trilogía indispensable para obtener una verdadera justicia... Cuando el estado de Derecho es sólo una aspiración y no una realidad la ausencia de un sistema de justicia confiable corroe la cohesión social, dificulta la actividad económica y amenaza la estabilidad política» (EL PAPEL DEL JUEZ EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI. Dr. Álvaro Hernández Aguilar, Juez Civil de Costa Rica).

Así, estamos reiterando aquí la plena vigencia de la independencia de los jueces como calidad esencial a la vigencia del Estado de Derecho. De ser sólo una expresión de deseos, simples argumentos sin contenido, el Estado de Derecho deja de existir, la democracia desaparece instalándose un régimen de gobierno autoritario donde sólo rige la voluntad del más fuerte, siendo los magistrados simples ejecutores de las órdenes de quien tenga en sus manos el ejercicio efectivo del poder.

Así la libertad, la vida, los bienes de los ciudadanos quedan sin garantías, sin seguridad, a merced de la voluntad del gobernante todopoderoso que carece de límites ante la ausencia de la restricción que en el armónico juego de las instituciones del estado democrático receptado por la Constitución Nacional le impone el Poder Judicial a través de la prudente, justa y medida acción de los magistrados que lo integran.

Por ello si bien los jueces han de ser hombres discretos, trabajadores y sencillos, el sistema debe asegurarles los instrumentos necesarios para que estén libres de cualquier influencia o presión que sobre ellos genere temor o inquietud e incluso concluya alejándolos del cargo que ostentan, todo ello sin perjuicio de exigir a los magistrados la solvencia y valentía que dan base a su legitimidad y autoridad.

En relación a ello se ha dicho: «Esta función reclama sencillez y como es una función que pisa muchos callos, tiene que ser ejercida con mucha legitimidad y soporte de razonamiento» (Perfecto Andrés Ibáñez, obra citada).

Aunque es manifiesto la justicia, para que sea tal, debe ser ejercida por magistrados imparciales, no dependientes de ningún tipo de condición o sometimiento, libres de pensamiento y de acción. Así se ha destacado que «La verdadera justicia sólo puede ser independiente. Una decisión judicial influenciada por otros factores que no sean las pruebas relevantes y la ley aplicable es injusta por naturaleza» (Álvaro Hernández Aguilar, obra citada)

En resumen en el presente se postula la efectiva autonomía del departamento judicial y de los jueces que lo integran, que los mismos puedan desarrollar su labor sin apremios o perturbaciones de ningún tipo otorgándosele en forma real las garantías necesarias para ello y que los magistrados asuman los costos que tal circunstancia implica, es decir, como fue señalado en un principio, se ganen esa independencia mediante el trabajo duro, discreto, prudente y sabio ratificando tal actitud en cada una de sus resoluciones.

Así el magistrado Javier Hernández García en la obra que hemos venido citando remarca: «Un juez independiente, ... es aquel que encuentra su legitimidad en cada sentencia, en cada audiencia, que es capaz de mirar a los ojos de sus conciudadanos al que juzga, tratándole como un igual moral. El juez independiente no es un estatuto sino un objetivo dinámico y problemático que debe ganarse y protegerse día a día...y concluye como afirma Coutoure, de la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinado, lo que valgan las juezas y jueces como personas, el día en que los Jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo».

Téngase presente