Querellas manifiestamente improcedentes que son admitidas ligeramente proyectándose amenazantes sobre los terceros inocentes, decisiones que sobreseen o eximen de responsabilidad a los autores probados de un crimen alevoso, acciones delictivas cometidos sin pudor por funcionarios que no son sancionados, Incompetencias declaradas que provocan denegación de justicia, fiscales dictando sentencias, procesos donde la víctima que reclama la reparación de sus legítimos derechos se ve groseramente burlada, trayectorias prestigiosas pisoteadas por la infamia,

etc. son hechos que han sucedido y  suceden en el ámbito judicial.
La enumeración no es taxativa - obviamente - y requiere una atención especial por parte de los responsables, particularmente los Tribunales Superiores de Justicia u órganos equivalentes, Ministerios y Secretarías de Justicia, etc.
Los actos enunciados y otros similares revelan de la acción de los jueces una ausencia absoluta de independencia, desconocimiento de la ciencia, incumplimientos de las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común, entre otras carencias, que en definitiva contrarían los intereses esenciales de la Sociedad en la materia.
En artículo publicado en la sección Debates del Diario Río Negro bajo el título "Discursos del dolor: cada vez más cerca de la justicia por mano propia" se cita al más relevante estudioso del tema, el argentino Carlos María Vilas quien refiriéndose al papel que desarrolla el Estado en este punto dice: " El Estado protege a los delincuentes ( ladrones funcionarios corruptos, asesinos, violadores), retarda o deniega la administración de justicia, abusa de la gente honesta, ampara a los infractores y deja sin protección ni atención a los necesitados y honestos. El Estado se deslegitima porque la legitimidad siempre tiene implícita una noción de equilibrio entre lo que los individuos aportan al conjunto social y lo que éste entrega a cambio, en el fondo tiene que ver con un concepto básico de justicia y reciprocidad." (Diario Río Negro, Pág. 25, del 27 de marzo de 2009)
En suma La sociedad clama a La Justicia, que haga su trabajo, que aplique estrictamente la ley, que investigue los delitos y castigue a los delincuentes con  penas que no se burlen de la víctima, que el hombre honesto viva en paz, con la tranquilidad que sus derechos están resguardados apropiadamente y que en caso de que sean vulnerados los autores recibirán la pena que según los hechos y la gravedad del ilícito corresponda.
Las decisiones arbitrarias, que no se ajustan a la normativa vigente, que humillan a la víctima dañada beneficiando a los delincuentes llevaran sin duda más temprano que tarde a la quiebra del orden social.