Una injuria que no se sanciona, lesiones que no se reparan, una violación brutal a la que se responde con una pena insólita, insignificante, poderosos que eluden tribunales, fallos no ajustados a derecho, decisiones increíbles, la víctima postrada o muerta y el victimario en libertad, expedientes y más expedientes que engrosan la pila de paralizados, excusaciones de jueces y fiscales por motivos ligeros, ausencia institucional... En una palabra, una serie de acciones y/u omisiones que paulatina y silenciosamente van llevando a la justicia privada, a las vías de hecho, como respuesta alternativa del damnificado.Ello debe evitarse a cualquier costo, pues sería el principio del fin del Estado de derecho.En tal sentido debe

 entenderse que, sin perjuicio del absoluto respeto a los derechos y garantías que la Constitución y la ley consagran respecto de los imputados de un ilícito, el Estado debe atender a las víctimas de los delitos, lograr que los responsables sean sancionados, se reparen los daños causados, se genere un estado de seguridad y estabilidad que nos aleje de la respuesta compulsiva y fuera de la ley de la víctima.Existe la sensación de que la Justicia está cada vez más ajena a los disgustos de la gente. Se está a lo formal, a lo burocrático, al expediente, sin apreciar que detrás de ese cúmulo de papeles hay una víctima sufriente y llena de rabia e impotencia, un sujeto inocente que padeció la violencia que debió evitar el Estado.Confirmando lo dicho precedentemente, se ha indicado “el divorcio que existe entre lo que resuelven los jueces, lo que hacen los otros poderes del Estado para evitar los problemas y las consecuencias que sufre la gente común (fundamentalmente la delincuencia y la inseguridad) es cada vez más grande. Parece ser momento de darnos cuenta de que, si no se toma el toro por las astas, la justicia privada puede estar a la vuelta de la esquina y a toda costa tenemos que evitarla” (Oscar Pellicori, abogado, “Rumbo a la Justicia Privada”, en revista “Noticias” del 22 de noviembre de 2008, pág. 108).Aquí aparece oportuna, como medida adecuada para evitar que se llegue a la justicia por mano propia, consagrar en el Código procesal la figura del defensor de la víctima, proyecto que ya fue presentado por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos a la Legislatura de la Provincia de Neuquén y tema sobre el cual el suscripto se manifestó en nota publicada en el diario “Río Negro” del 29 de julio de 2008 y otras.El autor de la nota citada más arriba se pregunta, como desde hace tiempo lo hace el suscripto, qué ocurrirá si los poderes del Estado no garantizan el castigo a los delitos, si proliferan los fallos judiciales absurdos, si se instala el sálvese quien pueda.Existe una sola respuesta: se provocaría el caos y la anarquía; la disolución del Estado estaría al alcance de la mano y ello no puede permitirse.Es preciso garantizar la plena vigencia del Estado de derecho, que el Poder Judicial no sea superado por la ira de las víctimas.Que la justicia se integre con juristas idóneos de reconocido prestigio y comprobable independencia, que no se caiga en la tentación de armar una justicia de amigos y compromisos, que se estructure la justicia de la ley.No hay que equivocarse. Esto no es una expresión de deseos del que firma. Es algo muy grave que está ocurriendo y por eso las instituciones –en especial el Poder Judicial– serán idóneas, rápidas y eficaces o no serán.