El debido proceso es un principio básico de nuestro orden jurídico, y por él toda persona goza de garantías y derechos como el de defensa y la presunción de inocencia. Ese principio es afectado cuando se deteriora la calidad de la Justicia, o cuando el número de causas en trámite crece de manera geométrica.
Igualmente pernicioso es el uso desmedido de mecanismos que se implementan con el propósito de mejorar el rendimiento judicial. Un ejemplo de esto podría encontrarse en la dimensión que alcanzó el procedimiento de juicio abreviado en nuestro fuero Penal.
Establecido en 1997 a través de 

una reforma al Código Procesal Penal, el juicio abreviado en realidad es una vía que evita la concreción de un verdadero juicio y que tiene como base el acuerdo que se realiza entre un fiscal y la parte imputada de cometer un delito sobre la responsabilidad del delincuente y la cuantía de la pena que le corresponde.
Este modo alternativo de terminar un proceso está limitado a delitos de pena inferior a los seis años de prisión, y también requiere del acuerdo del tribunal que interviene.
Concebido como forma excepcional, y también para aliviar la marcha de los tribunales orales, esta mecánica se ha ido transformando en el modo que domina el desarrollo de los juicios.
Así, seis de cada diez sentencias se dictan sin pasar por el juicio oral y como consecuencia de este procedimiento abreviado, en el cual la culpabilidad y la sanción parecen más el resultado de una transacción que de la constatación de acciones.
Ante esto, debe moderarse el uso del juicio abreviado para mejorar el funcionamiento de la Justicia Penal.
La Justicia se ve afectada por el uso desmedido de mecanismos que se implementan con el propósito de mejorar el rendimiento judicial. Un ejemplo es la dimensión que alcanzó el juicio abreviado en nuestro fuero penal.

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