Luego de 14 años la denuncia formulada por Elisa Carrió referida a irregularidades en la relación de la vicepresidente Cristina Fernández con Lázaro Báez en el otorgamiento de la construcción de rutas que fueron pagadas a pesar de no estar concluidas y que mediante un ida y vuelta del dinero acabó enriqueciendo fraudulentamente a la imputada luego de 4 períodos de gobierno como titular del poder ejecutivo o acompañando a su marido fallecido cuando este ejercía la primer a magistratura.

ATE y organizaciones afines a la vicepresidente Cristina Fernández han formulado y difundido amenazas tendientes a condicionar la decisión de los jueces que el 06/12/22 se pronunciarán en el juicio «vialidad» sobre la absolución o condena respecto de la imputada afirmando que si el pronunciamiento de la justicia es la condena «pararán el país».

Así las cosas, las expresiones del párrafo precedente constituyen un delito tipificado en el artículo 149 ter inciso 1°a) del Código Penal que cuando las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos se les aplicará una pena de cinco a diez años de prisión o reclusión.