Sobrevenida la pandemia que nos trajo el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad conocida como COVID-19, el Estado tenía a su cargo como primera responsabilidad hacia los ciudadanos proporcionar las vacunas pertinentes, para generar en los pacientes el mínimo perjuicio.

Así se informó “El presidente Alberto Fernández anunció el 10 de diciembre, desde Casa Rosada, que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V que permitirá inmunizar, entre enero y febrero, a 10 millones de personas, en el marco de las medidas que se llevan adelante contra el coronavirus COVID-19” (www.cancilleria.gob.ar 12/12/2020).

Que con fecha 04/05/2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el voto unánime de 4 de sus integrantes, resolvió hacer lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires por parte del Poder Ejecutivo Nacional que mediante el DNU 241/2021 resolvió la no concurrencia a clases presenciales.

Se pone de manifiesto que si bien el Poder Ejecutivo insistió formalmente en la decisión del cese de enseñar y aprender presencialmente admitiendo únicamente las clases virtuales, el Tribunal sostuvo que la oposición de la administración afirmando que la pretensión de la actora era perjudicial a elementales supuestos sanitarios en tanto se aumentaba la circulación de manera tal que aparecía como relevante para incrementar el contagio provocado por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19, era conjetural.