De las propias estadísticas oficiales (ver www.jusneuquen.gov.ar) resulta que el fuero penal de la Provincia del Neuquén, archivó en el año 2011 el 60 por ciento de las causas judiciales en trámite en la etapa instructoria.

Así, de 13.539 resoluciones, 7.909 dispusieron el archivo del expediente, 1.752, (13 %) fueron elevadas a juicio y 21,7% fueron sobreseídas.

La causa esencial de los pocos trámites que llegan a juicio, la enormidad que se archiva y la cantidad relevante de sobreseimientos que duplica las causas que terminan siendo juzgadas, es sin duda la ausencia absoluta de investigación de los distintos casos que llegan a los estrados de los tribunales neuquinos.

Obviamente la falta investigativa, la responsabilidad de la absoluta impunidad que gozan los delincuentes, de la inseguridad jurídica en que vive el ciudadano común en esta desafortunada Provincia, esta sustancialmente en la falta de diligencia y experiencia de los fiscales en llevar a cabo su labor.

Los representantes del ministerio público fiscal afirman que los testigos tienen miedo y no acuden a sus oficinas a poner de manifiesto los ilícitos que han percibido por la acción de sus sentidos.

El artículo 33 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la vida y a la salud de todos los habitantes y siendo así el gobierno no puede dictar normas que pongan en riesgo la plena vigencia de los mismos. Al respecto la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: "Las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución son normas imperativas tanto para gobernantes como gobernados y obligan al Estado federal como a las provincias. Las garantías individuales existen y protegen a las personas por el sólo hecho de estar contenidas en la Constitución e independientemente de las leyes y reglamentos” (Fallos: 239 - 459).