Mientras el Congreso se prepara a consagrar la ominosa ley que autoriza en cualquier momento el asesinato alevoso del niño por nacer contrariando los intereses de la Patria por la que juraron al tiempo de asumir sus cargos, cajonea con argumentos que no son más que excusas para dilatar la sanción de la norma que hoy necesita imperiosamente la Nación.

Ya en un trabajo publicado en Infobae de fecha 24/06/2016 cuyo autor es Carlos Enrique Llera se señala: "La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal. No se trata de una expropiación, el Estado no dará contraprestación o compensación alguna a los corruptos”.
Es una respuesta eficaz contra el crimen organizado; su núcleo radica en la persecución de toda clase de activos que integren la riqueza derivada de la actividad criminal.

La razón fundamental por la cual  los legisladores consideran una necesidad que se  legalice el aborto desde los 13 años de edad sin restricción alguna consiste en alegar que las mujeres pobres abortan y mueren en ese intento.
Lo expuesto  reflejaría una  ignorancia inconcebible de diputados y senadores pues de las comprobaciones efectuadas en el sistema público salud por profesionales de la medicina resultaría que las mujeres más vulnerables por su condición de vida no abortan, sino que quedarían embarazadas una y otra vez para obtener los beneficios de la Asignación Universal por Hijo, a pesar que esa práctica continúa provocaría graves desnutriciones en la madre y la persona por nacer de tal magnitud que corren serios riesgos de morir para conseguir ese dinero que se constituirán en el único medio de vida de la familia.