El articulo 31 de la Constitución Nacional prescribe que: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los Tratados con las potencias extranjeras son la Ley Suprema de la Nación…”.

Lo expuesto implica el respeto a la jerarquía de las normas jurídicas del Estado, pues estatuye una pirámide de consistencias normativas cuyo vértice es la Constitución de la Nación.

Los derechos esenciales de los habitantes del país, esto es la vida, la libertad, la propiedad, etc - se encuentran garantizados por La Constitución Nacional y Leyes Fundamentales Provinciales como así también por la leyes dictadas en su consecuencia tanto en cuanto al fondo de la cuestión como respecto a la forma en que la protección aludida se hará efectiva.

En tanto el Estado ha monopolizado el derecho a juzgar y aplicar sanciones en cada caso, corresponde al Poder Judicial a través de los jueces que lo integran concretar el restablecimiento del equilibrio ocasionalmente vulnerado por un delincuente, reestituyendo la paz social.