El artículo 211 del Código Penal prescribe que «Será reprimido con prisión de dos a seis años, al que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desordenes … amenazaré con la comisión de un delito de peligro, o empleare otros medios idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública la pena será de prisión de tres a diez años».

El gobierno plantea decretar a la educación como un servicio esencial, proyecto que enojo a Roberto Baradel y demás sindicalistas del sector circunstancia que determinó un paro para el lunes 26 de febrero del corriente en todo el país incluyendo institutos públicos y privados por considerar que la propuesta gubernamental es inconstitucional.

La educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Además de generar rendimientos elevados y constantes en términos de ingreso, constituye el factor más importante para garantizar la igualdad y la inclusión.