Según El Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina los políticos argentinos como representantes del pueblo deben procurar rigurosa y exclusivamente el bienestar general de sus mandantes, es una cuestión prioritaria que debe postergar los intereses propios o particulares.

Aquí se destaca que si lo hubieran hecho el país no estaría en los últimos lugares de las distintas materias que abarca la actividad de cualquier Estado, con políticos sometidos a graves procesos penales donde la víctima es la Nación, tampoco tendríamos un 50% de pobreza y un 30% de indigencia, migración de jóvenes brillantes en manada, empresas que nos dejan y se radican en el extranjero donde obtienen la renta que aquí se les niega, e infinidad de otras tantas calamidades incomprensibles en un país pleno de riquezas físicas que no son gestionadas procurando el bienestar general sino el beneficio propio.

La ley 25.188 de «Ética en el ejercicio de la función pública» regula los «Deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías».

Señalo en primer lugar que la norma exige a quién aspire a desempeñar las distintas funciones del Estado deben cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno.