En doctrina encontramos muchas acepciones del concepto de "inseguridad jurídica"; me referiré exclusivamente a aquella que resulta de la ausencia total de un juez imparcial, la que es consecuencia necesaria de la falta de autonomía del departamento judicial.
Cuando ello sucede todo es posible. Así, se podrá actuar respecto de los ciudadanos ejerciendo la potestad ganada en la contienda electoral en forma autoritaria; esto es, como señala la doctrina, "...con abuso y exceso de autoridad que aplasta la libertad" (ver "¿Qué es la democracia?" de Giovanni Sartori, página 177), declinando la posibilidad de ejercer el gobierno con autoridad, o sea, mediante un poder que sea aceptado, respetado, reconocido y legítimo.

Me dirijo a este medio¹ con el objeto de solicitar la publicación de una ampliación respecto del artículo publicado el 28 de agosto del corriente en la página 12 del mismo donde, bajo un título que pone de manifiesto las jornadas referidas al anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil que se llevaron a cabo en San Martín de los Andes con el auspicio del Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén, se indica que "el objetivo principal es lograr un servicio de justicia que brinde una solución más eficaz, más ágil. (...) "...antes las partes no le veían la cara al juez. Después de la reforma tendrá que hacer la audiencia bajo pena de nulidad. Esto además moraliza el proceso porque se transparentan las posiciones". Lo expresado había sido indicado por el camarista civil Fernando Ghisini.